GOL DE CONTRAGOLPE

El presidente pasó de Albertítere a dictador en menos de lo que canta un gallo, y el apoyo opositor al reclamo de aumento salarial de los policías bonaerenses se diluyó apenas se supo que el gobierno lo atendería, pero sacándole fondos de la coparticipación a la CABA.
Empezaba a desinflarse así un conflicto en el que Espert marchó a un piquete para pedirle a Kicillof que aumentara el gasto público, y en el que Fernando Iglesias se adelantó ocho horas a las conducciones de la UCR y el PRO en el repudio al sitio policial a la residencia de Olivos, sorprendiendo por su sensatez: por ridículo que parezca, eso fue lo que pasó en las alocadas horas de ayer.
Un día en el que Alberto Fernández dio un paso decisivo en su educación presidencial, saliendo por arriba -como diría Marechal- del laberinto en el que el conflicto policial bonaerense había encerrado a su gobierno y al de Axel Kicillof, principal destinatario del reclamo policial en tanto empleador de los policías que protestaban, y principal blanco de los que atizaron la protesta tratando de aprovecharla políticamente.
Fue en ese sentido un piquete armado al futuro del peronismo/kirchnerismo, en la persona de la aparición política más importante en el escenario nacional de los últimos tiempos, con proyección a futuro. Tanto, que se comenzó a construir derrotando ampliamente a la esperanza blanca del recambio de la derecha en el país.
Aunque el conflicto está lejos de terminarse definitivamente y encendió luces rojas sobre la gobernabilidad, el presidente dio ayer un paso gigante para afirmarla, con una medida contundente, anunciada muchas veces, demorada en su concreción, y de estricta justicia. Una medida que acaso el propio AF rumiaba para sus adentros tomar cuando anduvo por acá por Santa Fe por el convenio por la hidrovía, y criticó la opulencia porteña que contrastaba con las carencias del resto del país.
Si el reclamo de los policías era salarial, es legítimo y merece respuestas; y si esas respuestas llegan sacando los recursos necesarios de donde sobran para ponerlos donde faltan, la medida es políticamente irreprochable. De ahora en más, lo que exceda lo estrictamente salarial del reclamo en sí, si continúan las protestas, será más difícil de ocultar, y de justificar.
Le queda al gobierno de Axel Kicillof la compleja tarea de separar la paja del trigo en la distribución de responsabilidades entre los que protagonizaron -y aun protagonizan- las protestas, con uniforme y con las armas que les dio el Estado, en la mano: no son ni pueden ser lo mismo los trabajadores que salen a la calle porque no pueden vivir dignamente con un sueldo de 35.000 pesos, que los policías en actividad, exonerados o retirados de la fuerza (en muchos casos por causas judiciales) que idearon la movida a Olivos, con el evidente fin de amedrentar al presidente y al gobierno.
Para unos es el aumento salarial, para los otros, corresponden cesantías, porque han demostrado no ser dignos de la confianza pública para portar un arma, con la eventual autorización para usarla. La depuración deberá ser quirúrgicamente precisa, porque debe salvaguardar el principio de autoridad lesionado, sin despertar falsas solidaridades, que decanten en una Semana Santa de las gorras, reclamando por el archivo de los sumarios y cesantías: la tolerancia de hoy puede ser el dolor de cabeza de mañana.
Párrafo aparte para la deplorable conducta de las principales fuerzas opositoras como la UCR o el PRO, que demostraron una vez más y por si hiciera falta, que vienen muy flojitas de papeles a la hora de defender las instituciones y la democracia, contra lo que suele ser su discurso habitual.
Unos -los radicales- esperaron horas para condenar la movida policial a Olivos, luego de haberle exigido en un comunicado al gobierno que atienda el reclamo: por suerte para ellos, en la otra Semana Santa, la original, el peronismo que por entonces era opositor, sí estuvo a la altura de las circunstancias.
Los otros -el PRO- dejaron pasar casi el mismo tiempo para expresarse cuando el cerco policial a Olivos llevaba ya varias horas, para hacerlo en términos ambiguos, en los que se planteaban como mediadores equidistantes entre el gobierno democrático elegido por la mayoría del pueblo argentino, y un puñado de sediciosos armados, que como tales deberían ser tratados.
Porque esto tengámoslo claro: los policías que protestaron con las armas en la cintura y desde los móviles oficiales para exigirle cosas al gobierno, por más legítimas que puedan ser, cometieron el delito de sedición contemplado en el artículo 22 de la Constitución, y el artículo 229 del Código Penal.

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