DEJÁ, ESTÁ BIEN, NO AYUDEN MÁS

«No se puede vivir en Paz sin un sistema de seguridad pública eficiente en la resolución de los conflictos sociales, las violencias y los delitos que tiene lugar en la comunidad. Ello requiere, entre otras condiciones, de una policía adecuada a la legalidad democrática y eficiente en el cumplimiento de sus funciones de protección ciudadana. No hay posibilidad de afrontar de manera eficiente los desafíos que se nos presentan sin el compromiso mancomunado del poder ejecutivo, el poder legislativo, la justicia y la comunidad en su conjunto. El aumento y la expansión del delito en nuestra provincia durante los últimos tiempos, han puesto en tela de juicio el sistema de seguridad público santafecino.

 

Sus principales defectos históricos han sido evidentes. Primero, ha existido una suerte de desgobierno político sobre los asuntos de la seguridad pública, lo que ha redundado en una marcada autonomía policial. Segundo, la policía provincial adolece de severas deficiencias institucionales en el cumplimiento de sus funciones de prevención delictiva y de investigación criminal. Tercero, la sociedad se ha replegado y se ha refugiado a los ámbitos privados, afrontando los riesgos con los medios a su alcance, no tenemos que perder de vista que las principales víctimas de los delitos son los pobres, los trabajadores, las personas de los estratos sociales que tienen menos protección del Estado y menos capacidad de protegerse a si mismos frente al crimen. 

 
Una mención específica merece la cuestión de la criminalidad articulada en torno del narcotráfico. Este negocio se ha expandido al amparo de la desidia y la ignominia estatal. Tal como hemos visto a lo largo de este año en casos de notoriedad pública, el desdeño estatal se manifestó en la “vista gorda” policial pero también judicial y política, cuando no en la complicidad asentada en un “pacto de gobernabilidad” directo o indirecto con el delito. Esto se acabó: debe haber una clara línea infranqueable que divida sin más a las instituciones estatales y la legalidad, de un lado, y el mundo delictivo, del otro. Hay que cortar los vínculos con el delito.«.
Los párrafos de apertura corresponden al discurso ante la Legislatura con el que Omar Perotti inició su mandato el 11 de diciembre del año pasado. Aunque no dijo nada que en la provincia no se supiera, en su momento causaron gran revuelo, y hubo gente que se sintió aludida, y ofendida. Gente que había estado en el gobierno los 12 años anteriores, para ser más precisos: en todo caso deberían explicar por que se enojaron, y se dieron por aludidos.

El tema con el socialismo -como hemos dicho acá muchas veces- es que se creen la mosca blanca de la política argentina, impolutos e inmaculados, y con los que nadie se puede meter, ni criticarlos, ni sospechar de que puedan andar en algo raro. Y cuando se los señalan, incluso con datos y pruebas concretas, se indignan y se enojan, como el diputado Estévez, entrevistado acá por Juan Manuel Berlanga en «El hormiguero»: confrontado con los hechos, repite como un lorito que se trata de una operación de prensa contra el socialismo, y los gobiernos que protagonizaron en la provincia.

Mientras tanto, y solo en los últimos días (menos de un mes) los santafesinos supimos:

* Que el Fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, designado en una meteórica carrera por Lifschitz sin haber sido el primero en el orden de méritos del concurso, recibía sistemáticamente coimas de los grandes capitalistas del juego clandestino para hacer la vista gorda. Sometido a enjuiciamiento en la Legislatura, presentó la renuncia a su cargo, que le fue aceptada por Perotti en todos (porque su intención era seguir como fiscal), y terminó procesado por la justicia en la causa, y con prisión preventiva.

* Que el Ministro de Seguridad de la provincia Marcelo Saín, denunció que en el gobierno de Lifschitz y siendo Pullaro ministro de Seguridad (ambos actuales diputados provinciales) se usaron fondos reservados de la Policía (de los que no se rendían cuentas) para pagarles los honorarios a los abogados defensores de los policías acusados por la desaparición y posterior asesinato de Franco Casco. Uno de esos abogados era a su vez funcionario del Ministerio de Seguridad en esa época.

* Que dos asesores de Pullaro en el área de Asuntos Internos (o sea, la encargada de controlar las posibles conductas delictivas de los policías) tenían acceso privilegiado a las denuncias hechas a una línea 0800 por búnkers o quioscos de droga, mientras eran al mismo tiempo abogados defensores de narcotraficantes con causas en la justicia federal.

* Que de la investigación contra el ex fiscal Serjal se desprendió otra sobre el juego clandestino en Rafaela, que estaba «pisada» desde los tiempos en que era Fiscal Regional allí Enrique Arietti, nombrado por el socialismo y trasladado luego a ese mismo cargo pero en Santa Fe durante los gobiernos del Frente Progresista; y todavía en esas funciones, desde las cuales -por ejemplo- desplazó de sus cargos a los fiscales que investigaban a Pullaro por irregularidades en los concursos de ascenso de la policía, y a Corral por el escándalo de las cooperativas truchas.

* Como derivación de esa misma investigación del juego clandestino en Rafaela, fue detenido Agustín Andereggen, ex coordinador de Seguridad del Nodo Rafaela designado en ese cargo en 2018 por Lifschitz y Pullaro siendo gobernador y ministro respectivamente, por intentar ultimar a balazos a un cliente rafaelino, que le debía plata del juego clandestino.

Estévez (el único diputado del socialismo en el Congreso nacional, integrado al bloque lavagnista que ahora pide una reforma laboral y presidente del Partido Socialista) sostiene que todo se trata de una operación de prensa contra el partido y sus gobiernos en la provincia, pero en 36 minutos de entrevista no consigue desmentir ni uno solo de todos los hechos precedentemente reseñados: los presos están presos, fueron funcionarios de los gobiernos socialistas tal como Tognoli (condenado por vínculos con el narcotráfico) fue jefe de policía de Bonfatti y los hechos son esos, les guste o no a Estévez y los dirigentes del socialismo que firmaron el comunicado denunciando «una operación política».

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