EL DESAFÍO DE LA LEY

En los meses que llevamos de pandemia, el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta y la Policía Metropolitana a sus órdenes reprimieron solo dos manifestaciones públicas de protesta en el contagiódromo a cielo abierto de la CABA: la de los que reclamaban justicia por la muerte de Santiago Maldonado cuando se cumplió un nuevo aniversario de su desaparición, y la de los trabajadores de la salud porteños, ayer. Con inocultable sesgo de clase y brutal parcialidad ideológica, el presunto representante de las «palomas» de la «nueva derecha moderna y democrática» dejó bien el claro cual es el rol que tiene que cumplir la fuerza de seguridad de la ciudad autónoma: reprimir toda protesta social que no provenga de los votantes de su gobierno.
De ese modo y con la desidia deliberada con la que tolera marchas anti-todo lo que provenga del gobierno nacional o el peronismo que vulneran las restricciones para funcionar propias de la cuarentena, Larreta sella un pacto de fidelidad con sus propios votantes, que esperan que haga precisamente eso: dejar a las claras, a los palazos si fuera necesario, que expresarse en el espacio público es también -como tantas otras cosas- un privilegio reservado para ciertos sectores sociales; que incluye la licencia para agredir movileros, camarógrafos o periodistas, por ejemplo.
¿Y del otro lado que ocurre, nos preguntamos? Porque la absoluta pasividad frente a las manifestaciones «anti» (cada día más violentas y desembozadamente antidemocráticas y golpistas) es común a todas las fuerzas de seguridad provinciales y federales: la propia ministra Frederic se autolimitó de actuar al respecto, señalando que protestar es un derecho constitucional, omitiendo el pequeño detalle de que se lo hace en plena pandemia, contribuyendo a propagar el virus y los contagios entre la población. El derecho constitucional a atentar contra la salud pública, sería entonces.
Pero el problema es serio, y requiere un enfoque mucho más amplio, como el que plantea acá Ricardo Aronskind en «El Cohete a la luna»: se trata de una ola creciente de desafíos a la autoridad legítima del Estado para hacer cumplir sus leyes, por parte de quienes -por un lado- no consideran que éstas se les apliquen como al común de los mortales, y por el otro, desconocen o no aceptan la legitimidad del gobierno del cual emanan esas normas o que está investido de la potestad de hacerlas cumplir, simplemente porque no es el que ellos votaron, y no aceptan el resultado de la elección del cual surgió.
Aronskind ejemplifica con los casos del «levantamiento social» para impedir que Lázaro Báez cumpliera su prisión domiciliaria en un country bonaerense donde reside tal cual lo ordenó la justicia (esa que los mismos que protestan dicen defender, y no quieren reformar), el motín policial bonaerense con despliegue de patrulleros y armas incluido frente a las residencias oficiales del gobernador de la provincia y el presidente de la República, y las protestas para frenar la intervención a Vicentín que había dispuesto el gobierno nacional, previo a promover su expropiación; intervención frenada por un oscuro juez de provincia, incompetente en razón de la materia. También agrega Aronskind en retrospectiva los casos de los piquetes agrarios contra la Resolución 125, y los años de bloqueos al puente internacional que une al país con Uruguay, en las afueras de Gualeguaychú.
Nosotros podríamos sumar más episodios recientes de abierto desacato a las leyes: a los ya señalados de las marchas contra las restricciones que impone la pandemia en distintos puntos del país, hay que sumar la actitud de intendentes, presidentes comunales, legisladores y hasta algún gobernador (como el de Mendoza, que amagó con separarse de la Argentina) de llamar abiertamente a desobedecer las normas e instrucciones de la autoridad sanitaria para frenar los contagios. En Santa Fe sobran los ejemplos al respecto, como en otras provincias.
En idéntico sentido, los jueces puestos a dedo por Macri como camaristas resisten con uñas y dientes su desplazamiento para cumplir con los procedimientos que establece la Constitución, pese a que así lo han dispuesto el Consejo de la Magistratura, el Senado de la Nación, los jueces en lo contencioso administrativo federal, la Cámara Nacional de Casación Penal y al menos implícitamente, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación . Y se defienden apelando a los poderes de ese «Estado aparte del Estado» que son los grandes medios de comunicación. Que decir de los legisladores nacionales que, luego de pedir que el Congreso sesione en forma presencial, tratan de vaciarlo o impedirle funcionar, o van a la justicia demandando anular las leyes que se votan en su deliberada ausencia.
Estos meses vieron también como los sectores empresarios violaron los decretos presidenciales que establecieron congelamiento de tarifas de luz, agua, cable, internet o telefonía celular, como el grupo Techint ignoró olímpicamente el DNU que prohibía los despidos y los bancos sabotearon deliberadamente, una y otra vez, los planes de asistencia financiera a los sectores golpeados por la crisis, ideados por el gobierno; con lo que éste hubo de dejarlos de lado y apelar a otros instrumentos como la ATP o el IFE.
Cuando arrancaba la pandemia, decíamos en ésta entrada: «No se trata entonces de una tarea «electoral» de seducción o encapsulamiento de sectores sociales que adversan al gobierno, sino de tener que ejercer ciertos niveles de coerción estatal legítima sobre ellos, por razones de bienestar general e interés común; les guste o no, y más allá de como vayan a votar en el futuro. Si alguno cree ver cierta analogía entre esta situación y la de los piqueteros rurales que se auto arrogaron la atribución de ejercer controles de carga, es porque la hay. Es en ese marco entonces que el episodio coronavirus (además de su gravedad intrínseca en términos de problema de salud pública) supone un desafío para un gobierno que hace un culto de la moderación gestual, al extremo de comprometer su propia autoridad legítima.«.
La ideas de la ley y el orden, la seguridad jurídica, el cumplimiento estricto de las normas o el legítimo poder de coerción del Estado son concebidas como patrimonio exclusivo de las derechas, porque como decía Cooke, en los países coloniales las oligarquías son dueñas de todo, hasta de los diccionarios. Pero en realidad son atributos propios de todo Estado democrático, para diferenciarse de las dictaduras; y por el contrario, nuestras derechas tienen una larga tradición de violación de las leyes y de la propia Constitución, cuando se interponen entre ellos y sus intereses de clase y de sector.
Desafiando pública y abiertamente la autoridad legítima del gobierno nacional (que emana de la Constitución, y del voto popular) están jugando un juego perverso a dos puntas, en el que si el gobierno no hace nada, hablarán de vacío de poder y crisis de autoridad, y si se decide a hacerlo, hablarán de dictadura y represión. Porque la idea es deslegitimar para desestabilizar sin culpa ni estrépito, como han hecho siempre: los golpes en la Argentina se hicieron en nombre o con la excusa de combatir ambas cosas, y a veces al mismo tiempo.
Lo cual supone un desafío político mayúsculo que el gobierno no puede tolerar, y una encerrona de la que tiene que salir por arriba, reafirmando su autoridad legítima. No puede ser que no existan puntos intermedios entre emprenderla a los garrotazos contra los díscolos y rebeldes como lo hace Larreta, o estar cruzados de brazos sin hacer nada, por miedo a ser tildados de dictadores o represores.

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