COMPLETAR EL TRASPASO

Hace hoy exactamente ocho meses, la Argentina tuvo el traspaso del mando presidencial ordenado en términos protocolares que no tuvo en el 2015, pero a diferencia de entonces, el nuevo gobierno recibió una sí que pesada herencia económica, social e institucional; que la pandemia no hizo sino agravar. Y los efectos desastrosos de la pandemia sobre la economía se superpusieron a la devastación macrista, con los resultados conocidos.
El gobierno manejó con criterio hasta donde pudo la crisis sanitaria, pero terminó cediendo a las presiones del poder económico, al contacto venenoso con la oposición «responsable» en lo discursivo pero muy irresponsable en términos estrictamente sanitarios (el «amigo» Horacio) y al cansancio social frente a la cuarentena, en especial en el AMBA. Arbitró mecanismos de compensación social del paráte económico que se podrían señalar como insuficientes, pero sin los cuales se hubiera producido un estallido social, y un colapso aun mayor de la actividad y el empleo: en un balance global, hay que cargarle en su haber eso, junto con las muertes evitadas por el aislamiento temprano, frente al avance implacable del virus.
En medio de eso y con todos los pronósticos agoreros (y operaciones de todo tipo) en contra, cerró el acuerdo por la deuda con los acreedores externos, de un modo que cosechó apoyos incluso en la oposición (salvo alguna que otra excepción) y en el establishment económico. Claro que a la hora de definir como pagar la deuda reestructurada, y con el aporte de cuáles sectores sociales, los senderos se bifurcan: los responsables en todo los planos (político, económico, mediático, exterior) del desastre macrista ya están reclamando a esos fines sacrificios y ajustes, que harán otros, no ellos.
El bloque opositor se desgrana políticamente entre la fuga de Macri (más por el aburrimiento que lo acompañó en todo lo que hizo, desde las empresas familiares a la presidencia, pasando por Boca y la jefatura de gobierno porteña, que por temores a consecuencias judiciales de sus múltiples fechorías), la progresiva instalación de Larreta como su sucesor (proceso favorecido por el gobierno nacional, de modo conciente o no) y los disparates del «bolsonarismo» en germen: un puñado de dirigente mayormente sin votos ni sentido de la responsabilidad, que corre detrás de las demandas de los sectores más psicóticos de la sociedad, más que ofrecerles un canal de expresión política.
Sin embargo, la coalición social, económica y mediática que en su momento instó a vertebrar «Cambiemos» y alcanzó el poder institucional para gobernar a través de Macri conserva toda su fortaleza: la pandemia no le hizo -en términos comparativos- más daños que los que le causó el macrismo, y en términos comparativos, muy pocos comparados con los padecimientos del grueso de la sociedad argentina. Cuesta encontrar medidas del gobierno que, en estos ocho meses, hayan lesionado objetivamente sus intereses; lo cual si no bastara para poner de manifiesto ciertas vacilaciones presidenciales, revela en que medida tienen capacidad de bloquear las iniciativas más transformadoras planteadas desde el gobierno o sectores del «Frente de Todos»; como la expropiación de Vicentín, o el impuesto a las grandes fortunas.
Tanto es así que ese bloque tiene además la capacidad de instalar los temas del debate político en el país, o los términos de la discusión sobre cualquier cosa: así logró a través de la AEA que la conducción de la CGT suscribiera su tradicional pliego de demandas, y que la reforma judicial planteada por el gobierno (sean cuales sean sus méritos o posibles resultados concretos) se presente como un simple intento de garantizarle impunidad a Cristina en las causas judiciales en las que la involucraron. Y la pata judicial de ese mismo bloque ya está dando sobradas muestras de estar dispuesta a defender con uñas y dientes los resortes de poder de controla, para seguir con la práctica del «law fare», cuando lo crea necesario.
Por otro lado el frente oficialista se muestra compacto, pero no homogéneo o exento de disidencias, que por ahora y por suerte se procesan al interior. Sin embargo, hay ciertas ansiedades de protagonismo futuro que parecen dificultosas de contener o disimular, como es el caso de Sergio Massa. Cristina sigue siendo la garante de la construcción política oficial, y del rumbo del gobierno; y jugó todo el peso de su volumen político en apoyo a Martín Guzmán para cerrar la negociación de la deuda. Pero es sabido lo que se dice de los garantes: no se puede abusar de ellos, acudiendo a pedirles ayuda a cada rato.
Sin vacuna conocida y probada con éxito, la pandemia no tiene salida a la vista, y con ella  debe persistir alguna forma de cuarentena o restricción de actividades: ya están a la vista los resultados de ciertas flexibilizaciones, no sustentadas en criterios estrictamente epidemiológicos, que hace rato están en segundo plano. En ese aspecto, el AMBA y dentro de él la CABA, marcaron el rumbo, por peso específico en la actividad económica y en la demografía del país, y también por concentración del poder mediático y económico: así creció en los contagios y los diseminó hacia el resto del país, que ha retrocedido en los indicadores desde el mejor momento. Como resolverlo, es una ecuación difícil, que integra varios componentes.
El arreglo de la deuda es condición necesaria pero no suficiente para el despegue: en plena pandemia y con violaciones disimuladas o explícitas de la cuarentena, resurgen las disputas políticas y la puja distributiva; hay pedidos que demandan ser atendidos rápido con todo el peso del poder de los sectores que están detrás de ellos (ya está en danza un aumento de combustibles y tarifas); mientras que otros son puestos en espera, como la reanudación de las paritarias, o la situación de los jubilados.
Para salir del fondo de la crisis, el Estado tendrá que ser activo, lo que supone discutir como se financiará, descartada la deuda: aunque hay un incipiente proceso de pesificación del financiamiento, por mucho tiempo no tendrá acceso a los mercados de capitales, y los gastos del gobierno son en pesos, no en dólares, pero estos se necesitan para pagar la deuda. La emisión es una alternativa pero, aunque uno no adhiera a los postulados monetaristas, no puede ser la única o la principal. Por ende, no queda otro camino que los impuestos. Y ahí renace la discusión de la puja distributiva, y las correlaciones de fuerzas: cuales impuestos, y quien los paga.
Por otro lado, las relaciones de fuerzas en políticas no son estáticas sino dinámicas, se construyen en el tiempo, y para eso son necesarias medidas que atiendan intereses puntuales y concretos: el tercio psiquiátrico antiperonista de la sociedad argentina expresa en términos electorales un núcleo duro de voto con claros tintes ideológicos, poco permeable a las estrategias de seducción. Y el voto fluctuante -en especial de las clases medias urbanas- se mueve al compás de la situación económica, por lo que es un error dejarse fijar agenda por sus presuntas preferencias en otros asuntos: arreglando la economía, viene por añadidura.
Y al voto propio se lo atiende, gobernando a favor de sus intereses, porque además da la causalidad que, de acuerdo con nuestro particular modelo productivo sustentado en el dinamismo del consumo interno (más allá de ciertos voluntarismos «exportadores»), fortalecer esos intereses con políticas de empleo y salario, tiene la virtud de dinamizar al conjunto de la economía, y eso a la larga o a la corta, redunda en beneficios electorales. Aunque optar por esa vía exija afectar intereses, porque como dicen: en la vida hay que elegir.
Hay quienes plantean al gobierno de Alberto Fernández como de transición tras el desastre macrista, la cuestión sería entonces de transición hacia donde, o hacia qué. La resolución de la deuda primero, y la pandemia después, pusieron al gobierno en espera, en muchos aspectos; y ello incluso fue subrayado por la comunicación oficial. Resuelto el arreglo de la primera, y sin salida a la vista para la segunda, se acerca el momento en el que el gobierno deberá decidirse a completar el traspaso del mando, y avanzar decididamente hacia el post macrismo, apoyándose en las alianzas sociales consecuentes.

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